Alejandro Ordóñez Maldonado, Procurador General de la Nación
- Les dice que, "salgan del clóset y manifiesten su vinculación y su coincidencia con el grupo armado".
- Ordóñez reiteró que los comandantes del grupo subversivo no pueden ocupar cargos públicos o participar en política por su responsabilidad en crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y genocidios.
- El procurador general analizó la situación del Catatumbo, asegurando que pretender definir responsabilidades horas después de los hechos "es un tanto apresurado".
Bogotá, 11 de julio de 2013. El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, reiteró su postura institucional frente a una eventual participación en política de los integrantes de la guerrilla de las FARC de alcanzarse un acuerdo de paz con el Gobierno Nacional.
"Es claro. Ninguno de los jefes de las FARC puede participar en política porque todos ellos responden de los crímenes de guerra, de los crímenes de lesa humanidad, de los genocidios. Ellos son una empresa criminal y por tanto los jefes responden por los crímenes de esa naturaleza que se hayan cometido", manifestó.
"Eso no quiere decir que las FARC no pueden hacer política si firman un acuerdo, si se reinsertan, si entregan las armas (…) Existen personas vinculadas a la academia, al mundo intelectual, al mundo político, que son próximas a las FARC. Que salgan del clóset, que manifiesten su vinculación, su coincidencia y pueden participar en política", agregó.
El jefe del Ministerio Público explicó que quienes hayan sido condenados con penas privativas de la libertad tienen inhabilidades de carácter constitucional en la materia y analizó una eventual intervención de autoridades penales internacionales por los crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidios cometidos por las FARC.
"Las cortes internacionales intervienen de manera subsidiaria cuando el Estado parte no administra justicia. Si administra justicia no se dan los requisitos de procedibilidad para que intervengan las autoridades penales internacionales. Si el Estado colombiano no condena a los responsables de esos delitos, se habilita la jurisdicción internacional".
Situación en la región del Catatumbo
"Hay una ausencia del Estado, una deuda histórica que el Estado tiene frente al Catatumbo y ello ha generado una protesta social. Pero hay otros aspectos que tienen que ver con la injerencia de grupos armados por fuera de la Ley que están pretendiendo instrumentalizarlo", señaló el procurador general frente a la situación que se vive en Norte de Santander.
El jefe del Ministerio Público habló sobre denuncias de infiltración guerrillera en las protestas campesinas, puntualizando que las autoridades deben establecer antecedentes, fines y objetivos de algunos de los líderes de las movilizaciones.
"Si autoridades de Policía o los órganos de seguridad del Estado tienen información sobre dichos temas, es indudable que los deben poner en conocimiento de las autoridades correspondientes para establecer las conductas de dichas personas".
Ante denuncias de presuntos excesos por parte de la autoridad, indicó que "pretender que se definan responsabilidades horas después es un tanto apresurado (…) Si existieron incumplimiento de deberes, abuso de las competencias misionales, ello será objeto de investigación, pero aquí hay un debido proceso".
