Bucaramanga. La ministra de Ambiente, Luz Helena Sarmiento Villamizar, analizó la oferta y la calidad del agua y anunció la aplicación de un modelo para el pago de servicios ambientales a los habitantes de la región de Soto Norte. Así lo manifestó al término de la segunda mesa de trabajo sobre la delimitación del páramo de Santurbán, realizada en la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), con la presencia del gobernador de Santander, Richard Aguilar Villa.
Tras ocho horas de reunión permanente con todos los sectores comprometidos en el tema, la Ministra de Ambiente advirtió que durante las próximas tres o cuatro semanas, antes de que se lleve a cabo la tercera mesa de trabajo programada para estudiar el tema de la delimitación, será definido “el modelo económico de pago por servicios ambientales” y establecido un “diálogo directo con el Ministro de Agricultura”, para determinar su forma de aplicación.
En cualquier caso, el pago a los campesinos por los servicios ambientales será superior al monto que actualmente reciben por sus cultivos, lo que equivaldrá a “una reconversión” del “100 o 200 por ciento” para el “mejoramiento de su estilo de vida”, dijo la Ministra, y aclaró que “el dinero saldrá de las corporaciones ambientales y las empresas que utilizan el agua” en sus procesos productivos.
La reunión fue matizada con una dinámica de grupo, dirigida por Juan Camilo Cárdenas, docente de la Universidad de Los Andes, para definir algunas acciones que ayudarían a resolver la problemática socioeconómica que se registra en Santurbán.
Entre esas tareas están:
- Adelantar conversaciones con el Director del Departamento para la Prosperidad Social (DPS) para otorgar subsidios de empleo.
- Estructurar el tema de la calidad del agua, teniendo en cuenta los proyectos en marcha, entre ellos uno que está en proceso de aprobación por el Ministerio de Ambiente y la Corporación Autónoma Regional de Defensa la Meseta de Bucaramanga (CDMB) para la zona de páramo.
- Se trabajará en lo relacionado con la afectación de los predios para que los municipios no se queden sin el recurso como tal, así como la calidad del agua y la pequeña minería en la región, entre otros.
Vale suponer que por extensión, la medida sería adoptada para los habitantes del páramo del Almorzadero.
