- Padre Pedro Elías Joya activó las alarmas mediante "Carta abierta".
- Defensa de la familia de la víctima sería asumida por Abogado del "Caso Colmenares" de Bogotá.
Jorge Luis Joya, sindicado.
Málaga, 13 de septiembre de 2013.- Con una gran polémica por la posible rebaja de pena al presunto autor material del crimen de Benedicta Joya Aponte, Jorge Luis Joya Sánchez, este lunes 16 de septiembre se da inicio a la etapa preparatoria del juicio por el sonado homicidio que estremeció a toda nuestra región, la noche del martes 14 de mayo de este año.
El periódico Chicamocha News estableció que la familia del padre Pedro Elías Joya está asesorada por un equipo de abogados especializados en derecho penal y derechos humanos, encabezados por el doctor Cesar Carrillo, Médico y Abogado especializado en antropología forense, quien podría asumir la defensa de los intereses de la familia de la víctima.
Según el doctor Carrillo, en el caso Benedicta Joya Aponte, "no solamente hay evidencia de un homicidio, también hay evidencia de que se cometieron actos que pueden configurar delitos de lesa humanidad, tales como tortura, violación, en estado de indefensión, por eso contamos también con la colaboración de peritos en ciencias forenses que permitirán determinar con exactitud y solidez científica las circunstancias en las cuales se produjo la muerte".
Agrega el doctor Carrillo que, "el presunto homicida, Jorge Luis Joya Sánchez firmaría un acuerdo con la fiscalía que le daría una reducción significativa de la pena, dependiente de los delitos que se prueben".
Así mismo señala que, "será objeto del debate probatorio demostrar si hubo o no violación antes o después de la muerte, si las quemaduras se produjeron cuando la víctima aún conservaba la vida o si ocurrieron después de muerta".
En el caso de la tortura, delito reconocido a nivel internacional como de lesa humanidad, se deberán establecer elementos probatorios que permitan probar que si hubo tortura, delito que no admite negociación con fines de rebaja de pena.
"La fiscal del caso ha mostrado algunos indicios que hacen presumir que se avale la negociación de la pena basada en la no existencia de los delitos de violación en persona con incapacidad para resistir y la tortura. La pena es cercana a 60 años de prisión, pero podría bajarse a 17 y con buena conducta reducirse aún más", agregó el médico y abogado Cesar Carrillo.
Se pronuncia el Padre Pedro Elías Joya
El padre pedro Elías Joya dio a conocer una "Carta Abierta a la Fiscal y al Juez del caso Benedicta Joya Aponte, titulada "Por una sentencia ejemplarizante cimentada en la Verdad, la Justicia y el Derecho".
En esta carta el padre Joya revela que, "el pasado 13 de Agosto de 2013 fui llamado a Málaga por la Fiscal para informarme sobre un preacuerdo entre el Doctor Wilson Antonio Rojas, Abogado Defensor del Autor material del crimen de lesa humanidad que segó la vida de mi hermana BENEDICTA JOYA APONTE de 76 años, profanando su cuerpo sagrado en estado de agonía después de golpearla y torturarla hasta someterla ante la valerosa y firme defensa por parte de ella de su pureza y su castidad, asesinándola de 3 puñaladas en el pecho y quemando su cuerpo y el entablado de su habitación en la Casa de la Fraternidad (Centro de Evangelización y de Encuentro de la Comunidad, del Equipo Misionero Itinerante y de la Corporación para la Paz, el Desarrollo y la Protección Ambiental) donde dejó escrito con su sangre el letrero "Fuera Guerrillero"; con el objetivo de desterrarme a mí y generar un estado de zozobra y terror en la comunidad y en la región para destruir el trabajo y el Movimiento Apostólico que desde aquí se impulsa - y la Fiscal Aleyda Monsalve Acevedo - preacuerdo consistente en rebajar de 25 a 17 años la pena por homicidio agravado con base en el reconocimiento de la responsabilidad por parte del homicida.
Después de las 8 horas de trabajo de la Sijin en la Casa de la Fraternidad verificando el escenario de los hechos y oyendo los testimonios de la familia y la comunidad y después de nuestra denuncia escrita ante la Sijín y la policía señalando al autor y clamando por su detención y de nuestra denuncia pública del crimen en toda su devastadora dimensión esperábamos en la familia una sentencia justa, ejemplarizante y severa.
Abogados profesionales de Málaga habían manifestado a la familia que un crimen de estas características que, como lo dijo con verdad el periódico "Chicamocha News", estremeció a la Provincia y al mundo, amerita la pena máxima de 60 años de cárcel para el autor material.
Pero nos ha defraudado lo irrisorio de la pena pedida por la Fiscal y rebajada por el preacuerdo. Dice la Fiscal que la violación carnal no se pudo verificar por la incineración del cuerpo y que lo dicho por el homicida no se toma en cuenta. Él manifestó ante la familia, ante las autoridades y ante mí que la víctima había sido violada por los paramilitares en cuyo nombre siempre habló. Es decir, confesó la verdad atribuyendo a otros su responsabilidad.
Por la incineración del cuerpo de la anciana mujer y el incendio de la Casa de la Fraternidad que representa un gravísimo atentado contra la comunidad, contra la humanidad y contra mí, dice la fiscal que sólo se paga con 8 meses de cárcel.
Tampoco toma en cuenta la sentencia propuesta por la Fiscal el delito de tortura y terrorismo claramente configurado en la ley. Al respecto debo decir que son decenas de personas especialmente mujeres y niños las que han quedado enfermas del corazón y los nervios en la comunidad y el pueblo a consecuencia de este atroz crimen.
De otra parte hay un temor muy grande en la población a que con esta rebaja de pena y otras que puedan venir por buen comportamiento en la cárcel, el victimario pueda salir pronto y más resentido que antes a seguir matando impunemente.
Como lo debe haber verificado la Sijin en los testimonios recibidos, este hombre había apuñalado a un joven dormido en Carcasí y no había pagado un solo día de cárcel. En sus continuas borracheras y aún en jornadas de trabajo había manifestado a los muchachos de la comunidad y a un anciano de la familia que en Venezuela había matado a 6 personas y que a 2 de ellas las había quemado. Que le sabía la boca a sangre y que sentía deseos de matar a cualquiera. Y se reía.
Lamentablemente estaba acostumbrado a cometer los delitos sin ser castigado y esa formación en la impunidad hace que hoy se ría de los crímenes más atroces.
A este hombre mi hermana Benedicta y yo lo acogimos muchas veces en la Casa de la Fraternidad y le compartimos el pan, la confianza, el tiempo, la solidaridad, la amistad y la fraternidad. Pero él nos pagó con la muerte y la traición.
Es imprescindible también que la Fiscalía esclarezca la vinculación de Jorge Luis con los Paramilitares a los que él atribuyó el crimen por alguna razón, antes del preacuerdo. Él mismo ha dicho a la familia que va a pagar lo que hizo y que yo investigue lo demás porque me conviene. Él sabe que yo soy investigador de la verdad y defensor de la vida y los derechos humanos porque a mí me pidió ayuda cuando él fue gravemente apuñalado en Bogotá y yo lo ayude a formular la denuncia ante la Fiscalía y a orientar los pasos de esclarecimiento de la verdad y reclamo de justicia - pasos que él jamás dio.
Todo su procedimiento en la ejecución del crimen contra la vida de mi hermana y del atentado contra la Casa de la Fraternidad y contra mí revela la práctica criminal de la Escuela del paramilitarismo y las bandas criminales del narcotráfico que son la misma cosa y con las que él se identificaba. Él mismo confesó a sus amigos que se había ofrecido a la policía de Málaga para trabajar en operativos de limpieza social.
En el caso de la muerte de mi anciana hermana él es el único autor material y el testigo, y, la fiscalía, debe interrogarlo acerca de la atribución que hizo del crimen a paramilitares y de su manifiesta confesión de que hay otros implicados con los que pudo haber planificado este Crimen de lesa humanidad".
El doctor Cesar Carrillo, quien reiteramos asumiría la defensa del caso, por parte de la familia de la víctima, advierte finalmente que, "el sindicado reviste una alta peligrosidad, en razón a que él mismo ha reconocido ser amigo e integrante de grupos paramilitares y haber afirmado que durante su permanencia en la república bolivariana de Venezuela realizó seis homicidios, y de ser ciertas estas versiones, de las que además hace alarde, se podría estar ante la presencia de un homicida en serie, lo que constituye una alta peligrosidad y amenaza pública que cuestionaría las eventuales rebajas de pena".
Vale recordar que el doctor Cesar Carrillo hace parte de los equipos de abogados del sonado "caso Colmenares" de Bogotá, en calidad de perito médico forense, actuando en equipo de la defensa de Laura Moreno.
